Hay tecnologías que se adelantan tanto a su tiempo que, cuando el resto del mundo las adopta y las convierte en norma, ya nadie recuerda quién las puso encima de la mesa. Ocurrió con aquellas distribuciones en vivo que arrancaban un ordenador entero desde un CD, con la persistencia de datos en un lápiz USB, con las capas de solo lectura que hoy sostienen hasta el último contenedor de software y, sobre todo, con una idea sencilla y algo audaz que un grupo de desarrolladores españoles convirtió en infraestructura en la primera mitad de la década de 2000. Aquella idea se llamaba Metadistros y consistía en lo siguiente, fabricar distribuciones de GNU/Linux a la carta para colectivos concretos, sin que quien las pidiera tuviera que saber nada de empaquetado, de dependencias ni de núcleos recién compilados. Cuando Ubuntu empezó a repartir CDs por medio mundo con un instalador gráfico que funcionaba a la primera, buena parte de ese camino ya estaba recorrido aquí, en español y con dinero público de por medio. Lo cuentan quienes estuvieron dentro, y su relato explica bastante de lo que vino después.
A comienzos de los años 2000, los laboratorios informáticos de las universidades españolas olían a monitores de tubo de rayo catódico caliente, cajas de CDs grabables y café de máquina barata. En medio de aquel ambiente de ebullición tecnológica, una pequeña revolución comenzó a gestarse desde abajo. No surgió por un gran real decreto ni por la visión preclara de una junta ministerial, sino por la obstinación de unos pocos profesores, técnicos y estudiantes convencidos de que el conocimiento público debía fluir con código abierto y estándares transparentes.
Así nacieron las Oficinas de Software Libre (OSL) universitarias. Esta es la historia de sus luces, sus peleas contra gigantes corporativos y burocráticos, sus momentos de revelación casi mística —las llamadas «epifanías»— y el legado imborrable que dejaron en la historia tecnológica de España.
Hubo un tiempo irrepetible en el que España no iba a remolque de la vanguardia tecnológica mundial, sino que marchaba en cabeza absoluta, con varios cuerpos de ventaja respecto a cualquier otra nación industrializada. Mucho antes de que los despachos de Bruselas acuñaran el término de soberanía digital en directivas comunitarias, y dos décadas antes de que la dependencia de gigantes corporativos extranjeros se percibiera como una amenaza geoestratégica, en nuestro país se gestó un movimiento social, cívico y técnico sin parangón.
A comienzos de los años dos mil, más de dos millones de ordenadores personales funcionaban en colegios, institutos, hospitales y centros de alfabetización ciudadana impulsados enteramente por sistemas operativos libres. Aquellos escritorios no dependían de costosas licencias foráneas ni de contratos opacos de mantenimiento: eran distribuciones de software libre concebidas, adaptadas, traducidas y empaquetadas en nuestro propio territorio. Nombres como LinEx en Extremadura, Guadalinex en Andalucía, LliureX en la Comunidad Valenciana o MAX en la Comunidad de Madrid no fueron meros experimentos de laboratorio, sino herramientas cotidianas de aprendizaje para millones de jóvenes.
Sin embargo, ese prodigio no nació por generación espontánea en los salones alfombrados de los ministerios ni surgió de la mente de consultores trajeados. La auténtica columna vertebral que hizo posible el milagro se forjó en la sombra durante los años noventa. Nació en habitaciones iluminadas únicamente por monitores de fósforo verde, en llamadas telefónicas intempestivas que hacían saltar por los aires los presupuestos familiares y en acaloradas discusiones de taberna frente a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.
Esta es la historia de Hispalinux, la Asociación de Usuarios Españoles de Linux, y de cómo un grupo de apenas dieciocho pioneros, que no tenían un duro en el banco ni cobraron jamás una cuota a sus asociados, acabó aglutinando a más de cinco mil socios para doblarle el pulso al monopolio del software privativo y situar a España en la cima del software libre planetario.
Hubo un tiempo en el que la vanguardia tecnológica de este país no se gestaba en parques tecnológicos relucientes ni en consejos de administración con fondos de capital riesgo. Se cocía a fuego lento en las barras de tabernas castizas, en sótanos universitarios sin ventilación y en dormitorios de estudiantes iluminados por el resplandor verdoso de monitores de tubo catódico. Mucho antes de que los boletines oficiales se llenaran de términos grandilocuentes sobre transformación digital, modernización de las aulas o soberanía digital, existió una auténtica guerrilla técnica que demostró que otra forma de entender la informática era no solo deseable, sino rigurosamente viable.
Durante los primeros compases del siglo veintiuno, España asombró a la comunidad tecnológica internacional con el florecimiento de las distribucionesautonómicas. Proyectos como LinEx en Extremadura, Guadalinex en Andalucía, MAX en la Comunidad de Madrid o LliureX en la Comunidad Valenciana coparon titulares en publicaciones de medio planeta. Observadores de la Unión Europea, gurús de Silicon Valley y administraciones públicas de todo el orbe miraban con perplejidad hacia la península ibérica: ¿cómo era posible que regiones tradicionalmente alejadas del liderazgo industrial estuvieran completando los mayores despliegues de software libre jamás documentados?
Aquellos logros monumentales no surgieron de la nada ni fueron el fruto espontáneo de una repentina inspiración política en los despachos ministeriales. Tuvieron su origen en un caldo de cultivo previo, paciente y casi clandestino, articulado por una legión de artesanos del código que decidieron asociarse bajo una bandera común: Hispalinux. Para entender de dónde vinieron aquellas distribuciones y por qué la búsqueda de la soberanía digital sigue siendo hoy una asignatura pendiente, es imprescindible viajar al momento en que todo comenzó a construirse tornillo a tornillo.
